Comerciantes Unidos de San Juan (COMUN) Reclaman Participación en el proceso del Nuevo Modelo de Comportamiento Urbano de San Juan,
17 de octubre de 2012
Comerciantes de todo San Juan, asociados bajo Comerciantes Unidos de San Juan (COMUNSJ) se han organizado para elevar sus reclamos y preocupaciones a los candidatos a la alcaldía de San Juan sobre la posible implementación de un nuevo Código de Orden Publico para la cuidad capital.
“Desde el pasado año el Municipio Autónomo de San Juan (MASJ) ha anunciado que uniformará los códigos de orden público en San Juan, bajo el nombre del Nuevo Modelo de Comportamiento Social y Urbano para la Capital. Tan reciente como el mes de agosto de 2012, se anunció en la prensa que este nuevo código entraría en vigor en enero del 2013. A la fecha de hoy, nosotros, comerciantes afectados por el código, no hemos sido citados para ser parte de la discusión de este nuevo código. Más preocupante aún, es el que no tenemos ni la más mínima idea de que horarios, condiciones, multas y requisitos estará imponiendo este nuevo código”, expresó. José Rivera el portavoz del grupo..
“Para la implementación de un nuevo código es importante e imperativo que los 
comercios afectados por una nueva regulación tengamos tanto participación, como conocimiento de ella. Este nuevo código estaría afectando los horarios de operación de nuestros negocios, lo que implica el despido de empleados, la reducción en compras a suplidores y el posible cierre de negocios. Sin contar el impacto que tendrá sobre los empleos indirectos que nuestros comercios producen, tales como son la industria de taxis, los vendedores de comida rápida que operan alrededor de nuestros negocios, el personal de seguridad, “disk jockeys”, promotores de eventos artísticos, y eventos deportivos, entre otros”, dijo Rivera.
Por más de una década, diferentes municipios han adoptado Códigos de Orden Público para sus respectivas ciudades. Y aunque el nombre “Código de Orden Público” se pensaría que el objetivo es atender el desorden y fomentar una mayor convivencia entre los variados sectores que componen las diferentes comunidades de la isla, nada más alejado de la verdad.
Lo cierto es que, desde el principio, estas ordenanzas se han enfocado principalmente en los establecimientos comerciales que dispensan bebidas alcohólicas. Este proceso fue una iniciativa de la ex-alcaldesa y posteriormente gobernadora Sila María Calderón. Supuestamente, la adopción de estos códigos ayudaría al desarrollo económico, la prevención de la criminalidad y la mejor convivencia comunitaria. Después de más de 10 años de implantados, esa no es la realidad. Un ejemplo de esto es San Juan, donde operan siete Códigos de Orden Público. Teniendo los códigos más restrictivos, en lugares con poblaciones históricamente marginadas como los inmigrantes, los trabajadores y los jóvenes.
La implementación de estos códigos no ha tenido efecto positivo en prevenir y evitar la ola criminal que nos azota. No hay relación alguna entre los horarios de operación de los negocios que expenden bebidas alcohólicas con la actividad criminal. En nuestro país, la ola criminal azota en los centros comerciales, hoteles, iglesias, panaderías, barberías, los expresos, los establecimientos de comida rápida y nuestros propios hogares. Cerrar establecimientos a cierta hora no resolverá en lo más mínimo esta crisis.
El crimen no conoce hora y menos aún conoce lugar. “Las marcas de sangre están por dondequiera” Señalar a nuestros negocios como la fuente del crimen y, peor aún, dar a entender que uniformando con estrictas horas de cierre, tendrá un efecto positivo sobre el problema del crimen, es una irresponsabilidad y le falta a la verdad. Las causas de la crisis que vivimos son “una gestión preventiva ineficiente, falta de oportunidades de desarrollo [y] desigualdad social y económica”*. Son innumerables los expertos que nos explican, a diario, cuáles son las causas de la criminalidad y la violencia que aqueja nuestro país. Ninguno ha señalado a los establecimientos comerciales nocturnos como responsables o incluso relacionados con esta triste realidad. (*Nuevo Día, Nov. 17,2011)
Sólo hace falta ver las más recientes estadísticas de la incidencia criminal en los municipios de Caguas y Carolina, ambas ciudades con Códigos, y compararlas con Guaynabo, por ejemplo, donde no hay Código. Resulta obvio que no hay relación entre los Códigos y las prohibiciones que contienen, con la lucha contra el crimen. El hecho de que hemos superado los 1,000 asesinatos en un año, es testamento a esa realidad. Los Códigos de Orden Público nunca estuvieron diseñados para combatir la criminalidad y, en efecto, no la han hecho.
Si han sido un mecanismo de hostigamiento y persecución para el pequeño comerciante y el cliente que lo visita. Por el contrario, la implementación de un Código más restrictivo tendrá como consecuencia más desempleo, menos actividad comercial, menos socialización saludable, e, incluso, fomentará que se creen lugares clandestinos de “jangueo”, mientras los establecimientos legítimos se ven afectados.
Más aún, esto conlleva que se usen los limitados recursos que tiene el gobierno 
para atender el problema del crimen, multando a clientes y cerrando negocios. En lugar de emplear esos recursos para atender la verdadera causa del crimen en nuestro país, que tiene que ver con el trasiego de drogas y armas, y no con la operación de nuestros comercios. En verdad, lo que estaríamos haciendo sería criminalizar al comerciante bona fide y al ciudadano que sólo quiere divertirse un poco luego de un día de trabajo. En Puerto Rico, ser adulto y disfrutar de la vida nocturna no solamente no es un delito, sino que es un derecho y una necesidad básica de la vida en sociedad. El Puerto Rico que aspiramos no es cada cual encerrado en su casa y abandonando las calles a los delincuentes.
“No se trata de que no queramos ley y orden. No se trata de que no hayan reglas que todos debemos cumplir. Pero esas reglas tienen que ser razonables y no exageradas, y deben estar fijadas en la conducta individual en particular, como agredir a otra persona, arrojar una lata al piso o conducir intoxicado. Tampoco se trata de no llegar a acuerdos con nuestros vecinos de manera que no se interrumpa la paz a la que todos también tenemos derecho. Queremos esos acuerdos. Pero no lograremos mejorar la situación del país si aumentamos el desempleo, bajamos la actividad económica, obligamos a los comerciantes a irse a la quiebra, encerramos a nuestros adultos en sus casas a las 12:00pm y dejamos de enfocarnos en la lucha contra el crimen violento y las drogas.” expresó Rivera
Según el Municipio Autónomo de San Juan, los cambios al código surgen de un “proceso de investigación, estudio y diálogo entre la administración municipal y los ciudadanos” en San Juan. “Al parecer los dueños de negocios en San Juan no somos ciudadanos de San Juan , ni tenemos derecho a participar en el proceso de diálogo que hace más de un año comenzó el Municipio Autónomo de San Juan”, expreso Rivera .
En conferencia de prensa el Municipio Autónomo de San Juan no precisó que será lo que este nuevo código contemplará para los negocios de San Juan. Pero sí expresó “que el proceso para ajustar el código vigente incluye consideraciones de uniformidad de normas para todo el municipio, pero otras de aplicación para zonas turísticas, altamente residenciales o medianamente residenciales. Ante esta incertidumbre, y las últimas manifestaciones públicas del Municipio Autónomo de San Juan, que lleva más de un año anunciando que entrará en enero de 2013 una regulación más severa y punitiva, es que presentamos nuestro reclamo. Lo que públicamente exigimos es que como ciudadanos y comerciantes de San Juan se nos informe y se nos dé participación en decisiones que impactarán a nuestros negocios y a miles de padres de familias” señaló Rivera.
Personas Contacto:
Sr. José Rivera 787-533-4224
Sra. AnaR. Valcárcel
787-319-1124